Cuerpo a cuerpo: la apuesta feminista que acompaña a las mujeres en su camino hacia la justicia.
En Antioquia, Putumayo y Bogotá, un proceso silencioso pero profundo avanza entre círculos de palabra, expedientes judiciales y caminatas comunitarias. Allí, la Ruta Pacífica de las Mujeres desarrolla Tejiendo Dignidad – Cuerpo a Cuerpo con las Mujeres, un proyecto que busca transformar la manera en que las víctimas de violencias sexuales y basadas en género acceden a la justicia.
La apuesta no es menor: acompañar, escuchar y fortalecer a mujeres que han sobrevivido a los impactos más dolorosos del conflicto armado, y hacerlo desde un enfoque feminista y restaurativo, en alianza con ONU Mujeres, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Fondo Multidonante para la Estabilización de la Paz.
Una justicia que escucha
En Colombia, la justicia transicional se diseñó para responder a violaciones masivas de derechos humanos y reconstruir el tejido social. Pero para las mujeres, ese camino ha sido especialmente accidentado.
Laura Lorena Ardila Ávila, abogada litigante y representante de víctimas, lo explica de manera contundente: “La justicia transicional rompe con el paradigma punitivo; no busca solo castigar, sino comprender, reparar y transformar. Para las mujeres
significa ser escuchadas desde la dignidad”.
Sin embargo, llegar hasta allí implica superar barreras históricas. El miedo sigue siendo una sombra persistente: temor a denunciar, a enfrentar a los responsables que conservan poder en los territorios, o a sufrir nuevas amenazas. A esto se suman prácticas de revictimización en instituciones que aún dudan de los testimonios de violencia sexual o exigen
pruebas imposibles.
Y en los territorios, las distancias, la falta de recursos, el lenguaje técnico y las cargas de cuidado hacen que participar en los procesos judiciales sea, muchas veces, un lujo inalcanzable.
“Sin acompañamiento psicosocial continuo, la justicia no es opción real”, subraya Ardila.
La verdad como reparación
Pese a los obstáculos, las mujeres llegan a la JEP con una exigencia clara: verdad. Una verdad que no solo nombre el daño, sino que explique por qué sucedió, quién lo permitió y qué estructuras de poder lo sostienen.
“La verdad que reclaman las mujeres no es solo técnica; es una verdad sentida, colectiva, que tiene un profundo carácter sanador”, afirma Ardila. Por eso, la sección de Reconocimiento de la JEP ha señalado que esta verdad adquiere un valor reparador cuando visibiliza los patrones de violencia de género en la
guerra.
En comunidades afectadas por el conflicto, narrar lo ocurrido se convierte en un acto de reconstrucción política y espiritual. La verdad, como lo ha dicho la jurisprudencia internacional, no solo libera: previene..
Cuando la palabra es justicia
Para la Ruta Pacífica, uno de los aprendizajes centrales del proyecto es que escuchar también es hacer justicia. Los círculos de palabra, los rituales de sanación y las narrativas colectivas permiten que el cuerpo recuerde, pero también que comience a descansar.
El segundo aprendizaje es el cuidado. En los procesos judiciales, estos espacios no son un adorno: sostienen la vida emocional y comunitaria de mujeres que han cargado con el dolor mientras sacaban adelante a sus familias en medio de la guerra.
El tercero es la interseccionalidad. Ninguna justicia puede ser uniforme en un país donde el conflicto afectó de manera distinta a mujeres indígenas, negras, campesinas, urbanas, jóvenes o adultas mayores. Adaptarse a esas realidades no es un gesto técnico, sino una exigencia ética.
Un sistema que debe transformarse
La voz de las mujeres ha empujado al sistema judicial a revisar sus propios límites. Exigen participación vinculante, sanciones y reparaciones con enfoque de género, acompañamiento psicosocial sostenido y una dogmática penal capaz de leer la relación entre el cuerpo, el territorio y las estructuras de poder.
“El derecho penal debe adaptarse a los contextos de macrocriminalidad —señala Ardila —, asumiendo la responsabilidad como un acto ético y no solo jurídico”.
Macrocaso 11: una puerta que se abre
Hoy, el Macrocaso 11 de la JEP —que investiga violencia sexual y otras violencias basadas en género en el conflicto— representa una oportunidad histórica. Por primera vez, el país tiene la posibilidad de reconocer de manera integral el impacto diferenciado que la guerra tuvo sobre las mujeres y de tejer condiciones para que esos hechos no se repitan.
La Ruta Pacífica lo resume así: transformar el silencio en verdad, la vergüenza en dignidad y el dolor en justicia.
Tejiendo Dignidad es una prueba de que la justicia, cuando se construye con las mujeres y desde sus territorios, deja de ser un trámite para convertirse en un acto de dignificación profunda. Y que sin esa transformación, no habrá paz duradera en Colombia.
¿Qué es el Macrocaso 11 y qué significa para las víctimas de violencia sexual y de género?
El Macrocaso 11, abierto por Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 27 de septiembre de 2023, investiga violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en orientación sexual, expresión e identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. La JEP definió tres subcasos para articular esa investigación:
Subcaso 1: violencia cometida por miembros de las antiguas FARC-EP (guerrilla) contra población civil.
Subcaso 2: violencia cometida por miembros de la Fuerza Pública de Colombia contra población civil.
Subcaso 3: violencias de género cometidas al interior de esos mismos actores —es decir, crímenes intra-fila
La magnitud del daño
La pagina de la JEP informa que en la fase preliminar de agrupación de hechos, la JEP identificó un universo provisional con 35.178 víctimas de violencia sexual, reproductiva u otras violencias de género — entre 1957 y 2016 — atribuibles a distintos actores del conflicto armado.
De ese total, cerca del 89,2% son mujeres, y un 35% eran niñas, niños o adolescentes en el momento de la agresión. Además, al corte de 2025 la JEP ha acreditado formalmente a más de 630 víctimas que participan en el caso, y ha llamado a rendir versión a exintegrantes de FARC-EP y a miembros de la Fuerza Pública.
¿Qué representa para las víctimas?
El Macrocaso 11 significa — algo sin precedentes — reconocer institucionalmente que:
- Las violencias sexuales y de género no fueron incidentes aislados, sino estrategias de dominación usadas en el conflicto.
- Sus relatos, muchas veces invisibilizados o estigmatizados, tienen un lugar de escucha: pueden aportar a la verdad, la memoria y la reparación.
- La JEP ofrece acompañamiento psicosocial y psicojurídico, protección a la intimidad, y mecanismos que permitan la participación segura de víctimas.
En ese sentido, para las mujeres y personas de identidades diversas que sobrevivieron la guerra — y sus familias— este caso representa una oportunidad histórica de dignificación, reparación y de sentar una memoria colectiva sobre las violencias de género en Colombia.
El 21 de mayo de 2026 realizamos la socialización de reflexiones, aprendizajes y hallazgos del proyecto Tejiendo Dignidad, una apuesta de acompañamiento jurídico, psicosocial y feminista junto a mujeres sobrevivientes de violencias sexuales y basadas en género en el marco del conflicto armado en Urabá Antioqueño y Putumayo.
Durante este espacio compartimos el informe de ampliación presentado ante el Macrocaso 011 de la JEP, construido a partir de testimonios de mujeres víctimas y sobrevivientes, trabajo territorial y procesos de acompañamiento que evidencian cómo la violencia sexual, la violencia reproductiva y el control sobre los cuerpos de las mujeres fueron prácticas sistemáticas utilizadas por distintos actores armados como mecanismos de control territorial, disciplinamiento social y ejercicio de poder.
También reflexionamos sobre los retos que aún persisten para el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación: la fragmentación de los relatos, la invisibilización de la violencia reproductiva, la ausencia de reconocimiento de responsabilidades de mando y la brecha entre la verdad territorial construida por las mujeres y la verdad judicial reconocida institucionalmente.
El encuentro permitió además dialogar sobre la necesidad de construir procesos de justicia restaurativa con enfoque feminista, donde la escucha, el reconocimiento de las asimetrías de poder y la centralidad de las víctimas sean fundamentales para garantizar medidas reales de reparación y no repetición. Las mujeres siguen insistiendo en que la reparación no puede limitarse a indemnizaciones individuales: debe traducirse en transformaciones profundas para sus comunidades, acceso digno a salud, educación, memoria, infraestructura y garantías para vivir sin miedo.
Agradecemos a las mujeres que continúan tejiendo memoria y dignidad desde sus territorios, así como a las organizaciones y personas aliadas que acompañan esta búsqueda colectiva de justicia. Porque reconocer las voces de las mujeres no es solo un acto jurídico: es también un compromiso ético y político con la verdad y la paz. ✊
Agradecemos también a quienes hicieron posible este proyecto y acompañaron este camino colectivo: ONU Mujeres, la JEP, el Fondo para la Consolidación de la Paz.
¡Este proceso continúa porque sin la voz de las mujeres la verdad no está completa!