Manifiesto III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

Manifiesto III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

¡Nos queremos vivas! para continuar moviéndonos en contra de la guerra, por la paz, la garantía de los derechos y la democracia

 

Nosotras mujeres colombianas desde nuestras diversidades identitarias, sexuales, étnicas, espirituales, políticas y territoriales, participantes en la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, procedentes de territorios que luchan y reivindican el derecho a vivir libres de violencias, en paz y con justicia social, somos defensoras históricas de la vida y la protección del planeta porque durante décadas hemos vivido en nuestros cuerpos, territorios y familias la persistencia de una guerra que día a día se agudiza.

 

Por tanto, afirmamos que:

  • Es urgente que el Estado colombiano enfrente la crisis del actual modelo de desarrollo económico generador de pobreza, hambre, exclusión, problemas socio-ecológicos y de calentamiento global, que afectan de forma diferenciada a las mujeres y a sus diversidades. Requerimos la acción decidida del Estado, vía inversión social y diálogo político, para poner fin a la agudización de las violencias, las disputas de poder y de control de los recursos naturales por parte de los actores armados.

 

  • El Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la participación, a la protesta pacífica y a generar las condiciones para que las mujeres tengamos una vida libre de violencias en lo público y lo privado.

 

  • Requerimos la garantía del derecho a la vida digna y a la integridad personal y sexual para continuar exigiendo el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz; la ampliación de la democracia a favor de las mujeres; y el goce efectivo de nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición.

 

¡Nos queremos vivas! para continuar moviéndonos en favor de la vida, los derechos y la democracia, con el fin de avanzar en la construcción de la paz y de una sociedad reconciliada y respetuosa de las diversidades, protectora de la naturaleza y de los seres vivientes no humanos. Una sociedad en la cual el diálogo sea el instrumento principal para tramitar los conflictos públicos y privados.

Reafirmamos:

  • Nuestro compromiso indeclinable en la defensa del cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz, porque lo pactado es un imperativo ético, humanitario, ambiental, social, cultural, político, económico, constitucional y jurídico. Es la oportunidad histórica que no debemos dilapidar ni postergar. Es lo menos que le debemos a las generaciones presentes y futuras.

 

  • La necesidad de que el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros grupos armados, avancen en compromisos humanitarios, en diálogos de solución política negociada al conflicto armado interno y lleguen a acuerdos definitivos que contribuyan a una paz completa y al buen vivir del pueblo colombiano.

 

  • Que, para el logro de una paz estable y duradera, es necesario el cumplimiento del punto 3.4.3. del Acuerdo Final de Paz, respecto a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

 

  • Nuestro rechazo al uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, su Escuadrón Móvil Antidisturios (ESMAD) y el Ejército para dispersar y restrigir el derecho a la protesta social.

 

  • Nuestro rechazo a todas las formas de corrupción y mal manejo de los recursos públicos, que son patrimonio de la sociedad colombiana y garantía para las generaciones presentes y futuras, y el logro de la paz estable y duradera.

 

  • Nuestro rechazo a todas las políticas y acciones que profundizan los conflictos y las violaciones de derechos humanos, de la tierra y del territorio, como: la erradicación forzada de cultivos ilícitos y el uso de fumigaciones en contra de la erradicación manual pactada en el Acuerdo Final de Paz; y el reclutamiento de niñas, niñas y jóvenes por parte de los actores armados.

Nosotras mujeres en la diversidad, participantes en la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz reconocemos  que:

 

  • Gracias a la resistencia activa de las mujeres en sus territorios y a sus acciones de construcción de paz, se ha sostenido la implementación del Acuerdo Final de Paz a pesar de un contexto adverso y el incumplimiento a lo pactado por parte del Estado.

 

  • La amplia y decisiva movilización social de jóvenes, mujeres, sindicalistas, sectores sociales y populares, organizaciones sociales de colombianas y colombianos en el exterior históricamente excluidos colocaron en el escenario público las injusticias y las desigualdades que vivimos las mujeres, la población jóven, los grupos étnicos y una amplia población rural, campesina y urbana. La covid-19 puso en evidencia el impacto negativo de las políticas neoliberales y de privatizacion de la salud pública en la vida de las mujeres, los sectores más empobrecidos y la clase media colombiana.

 

  • La inclusión de los derechos de las mujeres y el enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz, es el legado histórico de las mujeres que nos precedieron y de las organizaciones feministas que a lo largo y ancho de país llegamos a la Mesa de diálogo con propuestas y exigiendo ser pactantes no pactadas.

 

  • Gracias al valor, al compromiso y a la resistencia activa de mujeres, varones, jóvenes, niñas y niños en los territorios, disputados por los actores armados, se continúa defendiendo la vida, los ecosistemas, la participación y el tejido social amenazado por las violencias.

 

  • La importancia de la comunidad internacional y de sus organizaciones en el acompañamiento político, técnico y económico a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

 

Nosotras, mujeres en su diversidad, participantes en la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz consideramos que:

  • La contínua militarización de los territorios rurales y campesinos; la estigmatización contra líderes, lideresas, defensoras/es de derechos humanos y contra la protesta pacífica de personas jóvenes, mujeres, sindicalistas y sectores sociales y populares por parte del gobierno colombiano, de funcionarias y funcionarios y de sectores de la sociedad; así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, su Escuadrón Móvil Antidisturios (ESMAD) y el Ejército, atentan contra el derecho a la vida, la participación, la protesta pacífica e incrementan el riesgo para las personas firmantes de la paz y para quienes trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos y del territorio.

 

  • Los insuficientes avances en el cumplimiento del enfoque de derechos de las mujeres y de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz, no garantiza las transformaciones sociales de las injusticias, exclusiones, inequidades y desigualdades que vivimos las mujeres, y nos preocupa que:

 

  • A la fecha tan solo un 4% del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación, se han identificado para acciones de género, según la Contraloría General de la República.

 

  • A la fecha no se cuenta con un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación del enfoque de derechos humanos y de género. Y que, sólo el 11 % del total de recursos destinados a la Política de Atención y Reparación Integral para las Víctimas en las vigencias 2020 a 2021 fue marcado como orientado a acciones de género. Sin embargo, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres víctimas del conflicto armado (Contraloría General de la República, 2021).

 

  • Las entidades no cuentan, en general, con diagnósticos de género específicos que sirvan de base para conocer las condiciones de varones, mujeres y población LGTBI.

 

  • En el punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. Solo 826 mujeres fueron beneficiarias con la asignación de tierras, a 30 de junio de 2021 Agencia de Renovación del Territorio (ART). No se registran avances significativos en la implementación en compromisos como la inclusión productiva de las mujeres e inclusión laboral en áreas no tradicionales; vinculación de organizaciones de mujeres como prestadoras de servicios logísticos o fortalecimiento de organizaciones solidarias de mujeres. Solo 301 mujeres han sido beneficiadas con Subsidio Integral de Tierras entre 2017 y 2020. A 30 de junio 2021, se habían otorgado 108 subsidios, de los cuales 31 (el 28,7%) correspondía a mujeres (Procuraduría General de la Nación, 2021).

 

  • De las 163.191 hectáreas formalizadas, 67.118 hectáreas han beneficiado a 14.155 mujeres rurales y campesinas titulares, y aunque las mujeres participan en el 56% de los títulos, solo participan en el 41% de las hectáreas, lo cual mantiene la disparidad entre varones y mujeres (CINEP/PP-CERAC Secretaría Técnica, 2021).

 

  • Se reconoce el 41% en la participación de las mujeres en el proceso de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sin embargo preocupa que en los ejercicios de priorización para su implementación no se están incluyendo todas las medidas que involucran a las mujeres, solo se están implementando medidas en escenarios interinstitucionales excluyéndolas de este proceso a ellas y a sus comunidades.

 

  • En el punto 2. Participación política: apertura democrática. Solo se ha avanzado en el 32,72% de los compromisos establecidos en el Plan Marco de Implementación (PMI). De los 45 indicadores del PMI analizados por la Procuraduría General de la Nación, 18 no cuentan con información de avance para ningún año, y de estos, solo 6 incluyen la clasificación de género.

 

  • De los 15 indicadores del PMI que se encontraban en etapa de finalización a 2020, a juicio de la Procuraduría General de la Nación, 8 no han cumplido en los términos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

 

  • No se registran avances significativos para promover la paridad en la participación de las mujeres; la ampliación de la participación de todos los sectores sociales y populares; las garantías para la oposición política o para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y la manifestación.

 

  • Por el contrario, se evidencia que se ha agudizado la crisis de representación política y no se ha avanzado como sociedad en la tramitación pacífica de los conflictos.

 

  • En el punto 4. Fin del conflicto y garantías de no repetición: sostenibilidad de lo pactado, la estigmatización generalizada hacia las mujeres firmantes de paz en las comunidades e instituciones. Se evidencia: el favorecimiento a la participación de los varones reincorporados en algunos espacios interinstitucionales y externos; la situación de inseguridad y de violencias cruzadas contra las mujeres firmantes de paz, líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, sobre todo afrocolombianas, indígenas o pertenecientes a comunidades rurales y campesinas; el incremento de asesinatos selectivos, masacres y de siembra de minas antipersonal en zonas de disputa y cultivos de uso ilícito.

 

  • No se ha avanzado en la implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad y las condiciones para el ejercicio del liderazgo y activismo político de las mujeres en sus diversidades; hay pocos avances en cuanto al logro de los objetivos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP); también hay un evidente incumplimiento de los pilares y las estrategias de las garantías de no repetición y sostenibilidad de lo acordado.

 

  • En lo referente al punto 5. Víctimas del conflicto armado. Preocupan las dificultades relacionadas con los sistemas de acceso a la información para las víctimas dentro y fuera del país; el despliegue territorial de las instituciones; la participación de las víctimas en los procesos que adelantan en las entidades del sistema y la implementación de acciones para la convivencia y la no repetición

 

  • En cuanto a la participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la libertad metodológica que ha caracterizado el abordaje de cada caso ha conllevado a que se tomen diferentes clases de decisiones. Lo cual, en el largo plazo, puede tener efectos negativos en los principios de igualdad y seguridad jurídica de las víctimas y los comparecientes (Procuraduría General de la Nación, 2020).

 

  • Persisten en los territorios situaciones de victimización, de riesgo e inseguridad para las mujeres, las lideresas y las defensoras de derechos humanos producto del débil y casi nulo apoyo económico y técnico para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres; el acompañamiento psicosocial; y condiciones que garanticen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 

Las mujeres participantes en la Tercera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, mandatamos:

 

  1. El Cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz; de las 130 medidas allí consignadas para las mujeres; la implementación del Programa Integral de Garantías para Defensoras de Derechos Humanos, y los planes de acción territorial; de la incorporación del enfoque de género en la implementación.
  2. El aumento del 50% de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de lo acordado para el enfoque de derechos de las mujeres y de género para las próximas vigencias, según lo establece la Corte Constitucional.
  3. Construir el trazador presupuestal para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación del enfoque de derechos humanos y de género en el mismo.
  4. El cese inmediato de las violencias contras las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y garantizar la investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos.
  5. Garantizar el ejercicio libre del derecho al voto para las mujeres en los territorios, especialmente en los municipios donde se votarán las Circunscripciones Especiales de Paz.
  6. A las autoridades que tiene competencia, se cumpla la sentencia SU020-22 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el numeral 3.4. del Acuerdo Final de Paz, desarrollado por las normas constitucionales y legales.
  7. En el contexto del proceso electoral a los candidatos y candidatas a la Presidencia y al Congreso de la República, que asuman un compromiso real con el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz. Igualmente, a los gobiernos locales y departamentales que asuman el mismo compromiso y la destinación de los recursos que se requieren para ello.
  8. Que la política pública nacional de mujeres, en construcción, incorpore de manera clara en sus objetivos y metas el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
  9. Que la integridad de la política pública de salud incorpore la salud sexual y reproductiva, salud mental y que tenga en cuenta los conocimientos ancestrales del cuidado y autocuidado.

 

 

!Las mujeres hemos cumplido, es hora que el Estado nos cumpla¡

Bogotá D.C., 3 y 4 de febrero 2022