Comunicado No. 04
Rechazamos el paro armado y la militarización del paro armado del Chocó
18 de febrero de 2025
Desde el movimiento de mujeres, rechazamos el paro armado que inició este martes en el departamento del Chocó, impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tiene bajo amenazas a la población civil y ha ordenado que se mantengan confinadas en sus casas durante 72 horas. Desde el fin de semana, miles de personas se han desplazado de la cuenca del río San Juan a otras zonas del departamento y del país, para evitar los enfrentamientos y el confinamiento.
Esta violación a los derechos humanos, se suma a los 8 paros armados que ha llevado a cabo el ELN durante dos años en el departamento; el último en noviembre del año pasado confinó a casi 50.000 personas. Según la investigación “Paros armados y guerra interna en Colombia” publicada por Razón Pública, los departamentos que más han sido afectados por paros armados entre 2000 y 2022 han sido Antioquia, Arauca, Chocó, Norte de Santander, Santander y Cesar. La Defensora del Pueblo Iris Marín, señaló recientemente que “El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar”.
Por lo tanto, expresamos nuestra preocupación por el bienestar de las mujeres, niñas, niños y jóvenes del departamento. Sus hogares y territorio deberían ser entornos seguros en donde no se les nieguen sus derechos básicos como el derecho a la vida, la vida digna, la libertad, la educación, el trabajo, igualdad de oportunidades, entre otros muchos que tras el control y acciones violentas de los grupos armados ilegales están siendo vulnerados.
Ante este recrudecimiento de la guerra en el país y los retos de la paz total, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, Entes Territoriales y Organismos Internacionales a tomar medidas urgentes y necesarias para salvaguardar a las comunidades en riesgo, e insistimos en que la militarización no es la solución al aumentar la incertidumbre y zozobra en la población, y la tensión entre los grupos armados. Por ello, exigimos el desarrollo de estrategias de prevención que impulsen la convivencia, protección y seguridad, junto con la atención a las necesidades básicas con perspectiva interseccional para la mejora de la calidad de vida en el territorio.